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4/03/2012

Corte Suprema 03.04.2012

Santiago, tres de abril de dos mil doce.

Vistos:

En estos autos Rol Nº 5965-2005 del Décimo Sexto Juzgado Civil de Santiago seguidos en juicio ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia definitiva de veintisiete de junio de dos mil siete se acogió la demanda en contra del Banco Estado, condenándolo a pagar a favor de la actora la suma de doce millones seiscientos ochenta y cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos ($12.684.575) que a título de impuestos aquélla había pagado en una caja de la referida entidad bancaria y que no fueron enterados en la Tesorería General de la República, más los reajustes, recargos, intereses y multas que correspondan según la liquidación que de esos tributos practique dicho organismo recaudador.

Apelada esa sentencia por el demandado, la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de catorce de agosto de dos mil nueve, la confirmó.

En contra de esta última decisión, el Banco Estado dedujo recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

PRIMERO: Que el recurrente denuncia la infracción del artículo 254 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil en cuanto esta disposición señala que uno de los requisitos que debe contener una demanda es la exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya. Indica que el libelo de autos si bien se ampara en normas del estatuto de la responsabilidad extracontractual, se funda en el supuesto incumplimiento de una obligación de pago en que habría incurrido el Banco, cuyo origen emanaría de un convenio celebrado entre el Banco Estado y Tesorería. Sin embargo, los sentenciadores hicieron caso omiso de la aludida imprecisión con que fuera planteada la demanda, encausando la acción indemnizatoria sobre la base de establecer la comisión de un ilícito -omisión- que le atribuye al Banco demandado.

En seguida, acusa la vulneración del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, en razón que el fallo da por establecida la comisión de un ilícito consistente en la falta de entrega a la Tesorería General de la República de los dineros que la demandante habría pagado en el Banco por concepto de impuestos, en circunstancias que en el punto Nº 1 del auto de prueba se exigía acreditar específicamente la concurrencia de la actora hasta la caja del Banco y la entrega del dinero en efectivo. De este modo, sólo si se hubiera demostrado la presencia de la contribuyente en la sucursal bancaria respectiva y la recepción del pago de los impuestos en la caja auxiliar Nº 108 hubiera podido presumirse legítimamente la comisión del ilícito de no haber enterado en arcas fiscales el pago de los impuestos realizado por la actora.

SEGUNDO: Que enseguida el recurso alega la vulneración del artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, puesto que para arribar a la presunción de que la actora pagó en la caja auxiliar Nº 108 del Banco Estado, se acudió exclusivamente a las copias de los formularios de impuestos que tendrían el timbre de recepción de la referida caja que acompañara la actora, pero tales piezas instrumentales se encuentran claramente desvirtuadas con la prueba pericial rendida que determinó que dichos timbres eran falsos. Por tanto, se infringen los artículos 342 y 346 del Código de Procedimiento Civil y 1702, 1705 y 1712 del Código Civil, puesto que se ha dado mérito probatorio a instrumentos privados emanados de una de las partes que no sólo no han sido reconocidos, sino que explícitamente fueron impugnados en su origen y autenticidad.

Expresa que tales copias de los comprobantes de pago de impuestos con los supuestos timbres tampoco pueden servir de base para una presunción judicial, porque carecería de los atributos de ser grave, precisa y concordante desde que se acreditó con la prueba pericial y documental que los timbres utilizados por la caja Nº 108 durante el día 30 de abril de 2003 eran distintos a los que aparecen estampados en los comprobantes de pagos acompañados por la actora.

TERCERO: Que el Banco demandado denuncia la transgresión de los artículos 44 y 2322 del Código Civil, disposiciones relativas a la culpa y a la responsabilidad del empleador por los actos de los dependientes. Reprocha que el fallo lo acuse de haber obrado negligentemente al no haber adoptado medidas frente a las irregularidades que se descubrieron en el funcionamiento de la caja auxiliar Nº 108, pues aquellas fueron descubiertas con posterioridad a la ocurrencia de los hechos materia de estos autos.

Alega también la infracción, por falsa aplicación, del artículo 2314 del Código Civil, porque no se configura la responsabilidad extracontractual demandada al no encontrarse acreditado que la actora entregó dinero en efectivo al Banco en pago de impuestos, toda vez que se demostró que los comprobantes de pago acompañados por ella no eran fidedignos.

CUARTO: Que finalmente invoca la vulneración del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, en razón de que no debió ser condenada en costas porque su parte no resultó totalmente vencida, puesto que lo demandado, además del monto de los impuestos supuestamente pagados, incluía indemnizaciones de perjuicios a las que no se dio lugar.

QUINTO: Que de los antecedentes consignados en el fundamento primero de este fallo se advierte que las alegaciones relativas a los artículos 254 Nº 4 y 318 del Código de Procedimiento Civil no resultan pertinentes para acoger un recurso de nulidad sustantiva, pues se fundamentan en la supuesta vulneración de disposiciones que ordenan el procedimiento y no de aquellas que resuelven el asunto controvertido. De este modo, la denuncia de estas infracciones deberá ser desechada.

SEXTO: Que en lo concerniente al capítulo de nulidad referente a la prueba de presunciones que la recurrente estima contrariada en los razonamientos de los jueces del mérito, cabe señalar que esta Corte Suprema ha sostenido invariablemente que la construcción y determinación de la fuerza probatoria de las presunciones judiciales queda entregada a los magistrados de la instancia, pues la convicción de los sentenciadores ha de fundarse en la gravedad, precisión y concordancia que derive de las mismas. Y dado que la facultad para calificar tales atributos se corresponde con un proceso racional de los jueces del grado, no pueden quedar sujetas al control de este recurso de derecho estricto.

SÉPTIMO: Que en lo que atañe a la infracción de los artículos 342 y 346 del Código de Procedimiento Civil y 1700 y 1702 del Código de Procedimiento Civil, el reclamante intenta restarles valor probatorio a los instrumentos privados acompañados por la actora -comprobantes de pago emanados del Banco demandado- por la circunstancia de no haber sido reconocidos por su parte, pero atacando en todo caso la presunción construida con ellos por los jueces de la instancia. Corresponderá, en consecuencia, descartar esta última transgresión, porque la mayor o menor persuasión que determinados antecedentes produzcan en el juzgador para formar su convencimiento y sostener su deducción queda entregada a dichos jueces y, por esto mismo, excluida de la revisión del Tribunal de Casación.

Este método de razonamiento sólo será abordable por vía de casación en el evento que en su ejercicio no haya sido factible el proceso deductivo que dicho raciocinio entraña o que se haya incurrido en un manifiesto error de hecho, nada de lo cual sucede en el caso sub judice. En efecto, los jueces para inferir que la actora había pagado los impuestos que reclama en su demanda no sólo consideraron los comprobantes de pago allegados por la actora, sino que también el hecho de haberse detectado tiempo después otros eventos irregulares en el funcionamiento interno de la misma caja auxiliar Nº 108 en relación con el pago de impuestos que en ella realizaban los contribuyentes.

OCTAVO: Que descartada la infracción a las leyes reguladoras de la prueba, cabe consignar que la sentencia de primer grado, no alterada por la impugnada, estableció como hecho inamovible de la causa que el día 30 de abril de 2003 el Banco Estado recibió en su casa matriz, a través de la caja auxiliar Nº 108, el pago de tributos a nombre de doña Wanda Carrasco Cordero por la suma de doce millones seiscientos ochenta y cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos ($12.684.575) que no fueron enterados en las arcas de la Tesorería General de la República, incumpliendo una obligación acordada con esa entidad recaudadora.

NOVENO: Que sentado lo anterior y correspondiendo a continuación analizar la conculcación de las normas sustantivas que han sido denunciadas, resulta que los restantes errores de derecho se sustentan en presupuestos fácticos que contravienen los que han fijado los jueces del mérito. De manera que aceptar la tesis del recurrente -no se configuró la responsabilidad extracontractual del Banco- llevaría innegablemente a una modificación de los hechos que se fijaron de manera inamovible para este tribunal, lo cual no resulta posible.

DECIMO: Que en lo referente a la condenación en costas, por tratarse de una declaración que no forma parte de la cuestión debatida en el proceso pues es una sanción que la ley autoriza imponer a determinados litigantes, no cabe respecto de ella el recurso de casación en el fondo.

UNDÉCIMO: Que en razón de lo expresado en las reflexiones que anteceden, debe colegirse que los jueces de la instancia no han incurrido en los errores de derecho que se les atribuyen en el recurso, de manera tal que el presente arbitrio de nulidad debe ser desestimado.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 299 contra la sentencia de catorce de agosto de dos mil nueve, escrita a fojas 298.

Procediendo esta Corte de oficio y de conformidad a lo prevenido en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, se exime a la parte demandada del pago de las costas de la causa al no haber sido totalmente vencida en el pleito.

Regístrese y devuélvase con su agregado.

Redacción a cargo del Ministro señor Pierry.

Rol Nº 8497-2009.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. Sonia Araneda B. y Sra. María Eugenia Sandoval G. Santiago, 03 de abril de 2012.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a tres de abril de dos mil doce, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.

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